La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) tendrá a su cargo la regulación técnica de las actividades relacionadas con importación, refinación, almacenamiento, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, como el ACPM. Por su parte, el Ministerio de Minas y Energía será responsable de establecer la reglamentación específica para la aplicación del mecanismo diferencial, así como de supervisar su ejecución.
Alcance territorial de la medida
El decreto está dirigido a los propietarios de vehículos particulares, oficiales y diplomáticos que operen con ACPM o diésel, incluyendo automóviles, camperos, camionetas y cuatrimotos. Sin embargo, su aplicación estará limitada a determinadas zonas del país, de acuerdo con criterios de capacidad operativa para la fiscalización y control.
Los municipios inicialmente contemplados pertenecen a los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Risaralda, Santander, Tolima, Valle del Cauca, así como la ciudad de Bogotá.
Una vez el Ministerio de Minas expida la reglamentación complementaria, el decreto entraría en vigor con el objetivo de asegurar la implementación efectiva del nuevo esquema.
Impacto fiscal y proyecciones económicas
El ajuste en el subsidio al ACPM representaría un ahorro significativo para las finanzas públicas. Según el Ministerio de Minas, la carga fiscal derivada del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) superó los $10,62 billones en el último año.
La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) estima que el subsidio al galón de diésel costó cerca de $9 billones en 2024, y que para 2025 la cifra proyectada se reduciría a unos $8 billones, gracias a incrementos graduales de precio que cerrarían parcialmente la brecha frente al mercado internacional.
En términos de parque automotor, el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) registra más de 19,8 millones de vehículos en el país, de los cuales cerca de 564.000 utilizan diésel. Sin embargo, el Ministerio de Minas estima que la cifra real de vehículos que operan con este combustible asciende a 1,1 millones.
La distribución geográfica incluye 287.900 vehículos en Cundinamarca, 173.900 en Antioquia, 153.920 en Bogotá, 81.000 en Valle del Cauca, 74.000 en Santander, y cifras menores en otros departamentos como Atlántico, San Andrés y Providencia, Guaviare, Chocó, Amazonas, Vichada y Guainía.
Conclusión
El ajuste propuesto al subsidio del ACPM hace parte de una estrategia fiscal orientada a reducir el déficit del FEPC y a garantizar mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos, sin dejar de lado la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y regulación en el mercado de combustibles.
Fuente: Noticiero del llano